Ley de 1938. Una ley desconocida y la prohibición de cultivos, que pudo no haber existido.

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Revisando el historial legislativo y el cúmulo de leyes que se han impuesto y acompañado al vino chileno, se puede sacar cuentas que el anhelo de sanear a una población que arrastra continuamente hábitos alcohólicos desordenados, ha sido la piedra angular para equívocamente imponer prohibición –o castigo económico– a cambio de educación. La idea de aplicar leyes condicionadas a regular restringiendo, o que prohíben para corregir, funcionan como un dudoso ejercicio, que no ha construido solución alguna para contener los trastornos de ansiedad proveniente de múltiples fuentes, cuya culpabilidad va en dirección obligada a las bebidas alcohólicas.

Parte del titulo hace honor a una de esas leyes, una bastante conocida e invocada con cierta frecuencia por las distintas figuras que se congregan en torno al medio enológico, haciendo comentario de ella como una ley de suma importancia histórica para el vino chileno. Se le conoce como “la ley de 1938” o bajo la instancia de los tiempos de prohibición de cultivos, que se rumoreaba atacaba directamente la sobredemanda de alcohol, agregándose además, su fomento exportador que ha de sugerirse estar inserto en alguno de sus párrafos.

A muchos consta que esta ley de alguna manera existe, al ser mencionada más allá del alcance verbal en el libro Historia del Vino Chileno, de José del Pozo (Editorial Universitaria) del cual se puede extraer de las páginas 177 a la 182 una idea general de qué más o menos se trata. Con mayor detalle y a modo introductorio, desde la página 179 se puede citar lo siguiente:

“…sólo a comienzos de 1938, en el último año del segundo gobierno de Arturo Alessandri se llegó a una legislación que incluía medidas conducentes a limitar la producción. Este cuerpo legal se justificaba según su autor, el Ministro de Agricultura, Máximo Valdés Fontecilla, no sólo por buscar un resultado económico –mejorar las condiciones de la industria del vino– sino social, el de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, fuertemente golpeadas por el alcoholismo”. –señala el autor.

Teniendo estos escasos datos como referencia y, a través de un trabajo de investigación encomendado por Pablo Morandé para que ese material de alguna forma apareciese, se puede establecer posterior encuentro que la ley de 1938 existe, pero no bajo ese nombre, estando muy lejos de serlo y entendiendo que aludir a la fecha de promulgación funciona como un dato poco preciso para reconocerla. El código de aquel desconocido documento es la norma general de alcoholes número 6179, una modificación de la ley 5231 que data de 1933, la cual al parecer se encontró obsoleta recorriendo el segundo periodo del presidente Arturo Alessandri Palma (1932-1938) ante lo que se supone es un párele a su desordenada extracción y comercialización, que en teoría guardaba directa relación con el evidente sobreconsumo de alcohol.

La ley, además de poseer un amplio carácter interpretativo (narrativa anacrónica y abstracta, que se limita a la simple naturaleza de los hechos) deja algunas brechas abiertas para mediar su imposición, y otras un tanto ejemplificadoras, como penalizar con cárcel y suspensión de labores a aquellos funcionarios públicos que estuviesen bajo la influencia del alcohol. También se llega a la minucia, estableciendo fuertes multas a quienes usen envases expendedores de vino, que sobrepasen en un 2% la medida cubica legal de botellas y chuicos, regulando así toda la matricería.

Otro dato que añade José del Pozo y que se ve expuesto en la ley, es ver el cobro del excedente de vino calculado en base a la relación zona-habitante, versus litro de vino producido, que en caso de sobrepasar los sesenta litros, declara competente al organismo recaudador para que proceda al cobro del excedente o eliminarlo, a menos que se disponga de lo contrario:

"Artículo 163. El vino de producción nacional en la parte que exceda de 60 litros por habitante pagará un impuesto único de producción de un peso veinte centavos por litro”

Si bien del Pozo comenta que hubo discusiones de carácter público en torno a este artículo, al hacer búsqueda y cruce de aquellas declaraciones, creo que podríamos encausar los hechos y tener mayor claridad para debatir su calidad de prohibitiva.

Un ejemplo lo podemos tomar de parte de Tomás Cox, presidente de la entonces Asociación Central de Viticultores, el cual tras quejumbrosas cartas enviadas a la columna de opinión de El Mercurio en el transcurso del año 1938, es el primer personaje que entra al debate público formulando sucesiva y porfiadamente que la ley posee un carácter prohibitivo y antojadizo. Llegando incluso a declarar culpables, a los consumidores irresponsables:

“Cada industria tiene sus parásitos y sus enemigos. Nuestros parásitos y peores enemigos han de ser siempre los viciosos. A ellos les debemos leyes arbitrarias que han desorganizado nuestro comercio y esta, la peor de todas, se la debemos a ellos y a visibles y ridículos motivos que preferimos no señalar” (probablemente hostilizando con alguna autoridad) Cox continúa: “…sin embargo por cada ebrio, habrá cien consumidores que no lo son…”.

Esta cifra obviamente, carecía de un estudio previo que apoyase la declaración.

Las respuestas ante las recurrentes quejas de Cox no se hicieron esperar. El aquel entonces senador por Colchagua y O'Higgins, Manuel Ossa Cobarrubias, envía una respuesta que fue publicada en El Mercurio, con fecha Domingo 20 de Marzo de 1938, explicando de forma precisa y fuera de todo ámbito especulativo, la mejor interpretación –según mi punto de vista– de lo que finalmente buscaba la normativa: ser una medida conducente a establecer una taza muy alta de impuestos, persuadiendo a los productores para que  efectuasen el arranque de plantas como medida para descontar, y no prohibiendo como medida explícita:

“…la ley no se limitó a bloquear cierta parte de la cosecha de vinos, sino que procediendo sabiamente, estableció fuertes impuestos a las nuevas plantaciones y el excedente de producción [de vino] a fin de lograr que la producción se encuadre dentro de los limites que el país necesita para su consumo. No obstante se quiso dar una salida a la sobre reproducción que hoy existe sí se considera la capacidad de nuestro mercado interno por medio de la exportación y la fabricación de subproductos… (parte del original se encuentra arrugado e ilegible) …que sea posible aumentar la colocación de vinos al exterior o su aprovechamiento en fines analcoholicos. Agregan que con el mecanismo de la ley se causa un grave daño a los productores que tendrían que inutilizar sus excedentes sin provecho alguno. Aquí olvidan algo esencial: que la restricción de la masa de vinos que puede expenderse, ha de valorizar forzosamente el artículo, compensando la perdida al productor, con un mejor precio de su producción”. –señala Manuel Ossa.


Si nos dirigimos directamente a la ley, esta puede reforzar las declaraciones de Ossa. Sin embargo en lo que pareciese ser un distractivo juego por parte de sus creadores, algunas materias de la ley tendrían que leerse seleccionándose extractos específicos que fueron puestos intercaladamente, cuya legibilidad no se encuentra siguiendo el tradicional sentido de lectura descendente, sino que ascendente (¿casual?) por lo tanto tras hacer orden de los artículos se puede construir el mensaje, redondearlo y obtener una mejor interpretación.

En orden ascendente corregido:

“Artículo 174. Las nuevas viñas que se planten después de la vigencia de la presente Ley, pagarán 15,000 pesos por hectárea de riego y 7,500 pesos por hectárea de secano. Este impuesto se cobrará hasta que se haya arrancado un 10 por ciento del total de las viñas actualmente existentes".

(Se deja en evidencia que se puede plantar, pero a un muy alto precio, instando a hacer canje por arranque. El arranque como tal, aparece citado con anterioridad en el artículo 166)

“Art. 166. Los productores que previa declaración a la Dirección de Impuestos Internos arranquen una parte de sus viñas, con el objeto de rescatar en todo o parte sus excedentes futuros, quedarán liberados definitivamente de la obligación de eliminar dichos excedentes en una cuota igual a la producción que le correspondería a la parte de viña arrancada…”

“…La Dirección de Impuestos Internos sólo podrá dar la autorización a que se refiere el inciso precedente, cuando se trate de reemplazar viñas de riego por viñas de riego y de rulo por de rulo que el reemplazo represente cosechas equivalentes, de acuerdo con la fijación presunta que establece el artículo 46. La citada Dirección comprobará estos arranques después de haber marcado previamente la extensión que cada interesado deba arrancar. El que certifique haber arrancado, después de la promulgación de la presente Ley, el 25 por ciento de sus viñas, quedará liberado definitivamente del pago del impuesto de un peso veinte centavos que establece el artículo 163”.

El artículo 163, no viene siendo otro que el citado anteriormente, que se refiere al cobro del excedente de sesenta litros por habitante.

Después de lo expuesto, es posible tener una visión más amplia de las intenciones de instaurar una ley dirigida a extraer recursos del comercio vitivinícola, buscando persuadir a sus productores.  Agregando, que el mundo del vino no fue un ente desconocido para el presidente Alessandri, ni mucho menos para su equipo ministerial y grupo cercano.

Recordemos su relación con la familia Zavala, que tras una seguidilla de favores personales y prestación de servicios, decidieron tomar el apodo de Alessandri usado en la campaña de 1915: “El León del Tarapacá”, para renombrar a la viña como Tarapacá Ex Zavala; dirigiéndonos a su primer periodo presidencial, tenemos a Ismael Tocornal, ex Ministro del Interior y empresario vitivinícola, tercera generación de Viña Tocornal, del fundo San José de Puente Alto; el citado senador pro ley 6179, Don Manuel Ossa Cobarrubias, empresario vitivinícola de Rengo y contratista de regadío; y por último, uno de los autores de la ley de 1938, el Ministro de Agricultura Máximo Valdés, también empresario vitivinícola, dueño de Santa Rita de Pirque, La Palmería de Cocalán y la ex Viña Santa Alicia.

El punto no es lanzar dudas al voleo, mas bien, dar cuenta de cierta facilidad para descarrilar la historia verbalmente, viendo como se pueden generar múltiples formas de reconstrucción. De la cual y al momento de redactar esto, también se aporta.

Bajo esta idea, me tomo la libertad de citar una frase que leí hace muy poco en el blog Hablar de Vinos y que creo, puede resumir mi propuesta: “Una historia dentro de la otra permite siempre el juego y el engaño”. Ese es el punto, o algo parecido: entender la historia del vino chileno en sentido contrario, para después ir y darle certeza.

Alvaro Tello.

@vinocracia

Enlace a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y la ley 6179.

Microficha Biblioteca Nacional: MS – 283d

Agradecimientos: Biblioteca del Congreso Nacional

 

Comentarios

  1. Muy buena reseña Alvaro.
    No conociendo la historia del vino chileno, me surge una duda.
    A quien benefició esta ley?
    Sin conocer demasiado y analizando tu nota, me surge la idea que todo esto ha sido una gran locura.
    Saludos y felicitaciones!!!

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  2. Hola Ariel, muchas gracias por tus palabras. En realidad, no benefició a nadie salvo al ente fiscal, manteniéndose el consumo elevado hasta 1950. Curiosamente, y revisando casi todas las leyes chilenas, te puedo decir que esta ha sido la única pensada en un supuesto "beneficio" para la masa, junto con otra que prohibía vender alcohol a la salida del trabajo, que tampoco prosperó.
    Y tienes razón en referirte a ella como una locura, en este país son misteriosos los accionares de la política aplicada al vino, ejemplo, es que ahora se va a agravar el impuesto donde a saber popular la mayoría, no consume vino, y que en un extraño fenómeno, a más impuesto de a poco aumenta el consumo. Ni yo entiendo mucho a mi país, créelo.

    Saludos y un abrazo amigo, espero vuelvas pronto.

    Alvaro.

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